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10 mar. 2014

EL ALCALDE SOCIALISTA DE TORRE ALHAQUIME



Pedro Pérez Álvarez 
Autor/a:  Fernando Romero Romero 

El alcalde socialista de Torre Alháquime

1.   Socialistas contra republicanosAl contrario de lo que ocurrió en la mayor parte de los municipios gaditanos, la proclamación de la II República en 1931 no supuso un revulsivo inmediato para la vida política del pequeño pueblo de Torre Alháquime. Los labradores e industriales que fueron alcalde y concejales durante la última fase de la monarquía se presentaron a la reelección y, sin candidato alguno que ofreciese una alternativa frente a estos representantes de la pequeña oligarquía local, el artículo 29 de la ley electoral les permitió perpetuarse en el gobierno municipal. Algo muy parecido a lo que ocurrió en otros pueblos de la sierra donde el fuerte arraigo del caciquismo y la desmovilización de la izquierda política también permitieron la imposición de los monárquicos, pero con la diferencia de que en Torre Alháquime no se repitió la elección en mayo. Con un oportuno u oportunista cambio de chaqueta, los que antes eran monárquicos continuaron controlando la administración local bajo el signo del republicanismo lerrouxista. Habría que esperar dos años para que entrase sangre nueva en la corporación municipal.
2.    
Los socialistas no tuvieron representación en el Ayuntamiento de 1931, pero las elecciones que se celebraron en abril de 1933 para renovar las corporaciones municipales que habían sido elegidas por el artículo 29 no los sorprendieron desmovilizados. Quien entonces presidía la Sociedad Obrera Socialista «El Trabajo» era Pedro Pérez Álvarez, un obrero agrícola del humilde Barrio de San Roque a quien todos conocían como «el de Joaquín». Había nacido en 1890 y estaba casado con Juana Guerra Cuadro, con quien tuvo cinco hijos. Cuando se proclamó la República era ya un hombre maduro, con más de cuarenta años, y no tardó en convertirse en uno de los militantes de confianza del sindicato. Indicativo de ello es que fue uno de los dos vocales obreros de la comisión local de Policía Rural, el organismo creado para vigilar el estricto cumplimiento de la legislación agraria socialista en los predios del término municipal. Él fue quien encabezó la candidatura socialista que el 23 de abril de 1933 compitió en las urnas con los señoritos republicanos. Los socialistas coparon los nueve puestos de la corporación y Pedro Pérez fue elegido alcalde el 10 de mayo de 1933.
Esa misma corporación, que fue cesada gubernativamente en octubre de 1934, volvió a hacerse cargo del gobierno municipal tras la victoria electoral de Frente Popular. El 21 de febrero de 1936 los socialistas acudieron a la casa consistorial con una bandera roja y el alcalde saliente, el radical Juan Villalva Mejías, fue el único miembro de la corporación radical-cedista que asistió al acto de reposición. Al día siguiente, en la primera sesión ordinaria que presidió Pedro Pérez como alcalde, se reestructuró la composición del equipo de gobierno al ser designados Andrés Castro Rodríguez y José Pérez Álvarez para los puestos de primer teniente de alcalde y regidor síndico.
No ocurrió como en otros municipios, donde las corporaciones procedentes de las elecciones de 1931 fueron reemplazadas por comisiones gestoras en las que estaban representadas todas las organizaciones del Frente Popular. Y no es que los partidos que había en Torre Alháquime en 1936 fuesen los mismos que en 1931 y 1933. En 1935 se había creado la agrupación local de Izquierda Republicana, una organización minoritaria cuyos afiliados no eran jornaleros agrícolas como los del centro socialista, sino pequeños agricultores y modestos industriales y de la que fue presidente el comerciante Juan Cubiles Castro. Cooperó estrechamente con los socialistas en la campaña electoral y su presidente también lo fue del comité local del Frente Popular, que se constituyó el 23 de marzo de 1936, pero los conflictos entre unos y otros no tardaron en surgir. El secretario del partido azañista en esa fecha era el hortelano Casimiro Mejías Fernández y según él «ni los socialistas podían ver a los de Izquierda Republicana ni estos a los socialistas, pues todo el mundo sabe que lo que querían unos y otros era mandar». Decía que Cubiles «no deseaba otra cosa en su vida que mandar, quería imponerse a los elementos socialistas y que estos estaban a matar con el Cubiles». Es posible que el origen del conflicto radicase en el monopolio que tenían los socialistas sobre la administración local. Quizás Cubiles esperaba entrar en el Ayuntamiento en calidad de gestor y los socialistas se opusieron a reorganizar la corporación, o pudo ocurrir simplemente que estos no permitieron que interfiriese en la gestión municipal. Sean cuales fuesen los motivos, lo cierto es que terminaron enfrentados públicamente. En alguna ocasión Cubiles salió a la calle diciendo «que los socialistas eran unos enchufistas y que no tenían dignidad», a principios de julio tuvo un altercado con un empleado y Pedro Pérez mandó encerrarlo en la cárcel municipal. Juan Cubiles se fue arrimando a la extrema derecha desde que empezaron sus problemas con los socialistas, se puso en contacto con la Falange de Olvera e incluso se ofreció a organizar el partido fascista en Torre Alháquime.

2. Crisis y pactos de trabajo

Torre Alháquime tenía un censo obrero de más de doscientos jornaleros agrícolas. Unos pocos habían sido asentados en fincas de Reforma Agraria, pero la inmensa mayoría estaba en el pueblo a principios de 1936 y sufría una tremenda crisis de trabajo, particularmente grave por las incesantes lluvias. A mediados de marzo los parados acudían al Ayuntamiento pidiendo ayuda económica. Durante una semana se repartieron entre los cabezas de familia 496,20 pesetas en socorros de pan y se colocaron algunos desempleados en las obras del camino de La Ermita al abrevadero público. Las arcas municipales no daban para más. Si no había dinero público para socorrer a los parados, la única alternativa que quedaba para paliar la crisis de trabajo era cargar a los agricultores y contribuyentes el mantenimiento de los obreros en paro. Eso se hizo en Torre Alháquime, lo mismo que en otros pueblos de la comarca, donde los alcaldes convocaron a delegaciones de patronos y obreros para negociar «pactos de trabajo» que solucionasen la crisis. El gobernador insistía a los alcaldes para que buscasen soluciones a la crisis y envió a los pueblos delegados suyos –con más capacidad de presión que los alcaldes– para que mediasen entre las organizaciones obreras y patronales. En Torre Alháquime se presentó el 17 de marzo el delegado gubernativo Tomás Merino Bueno y fue él directamente, y no Pedro Pérez, quien citó a treinta contribuyentes y agricultores del término y a cuatro hacendados forasteros para que acudiesen el 19 a la asamblea que se celebraría en la casa consistorial.

El acuerdo se cerró el 20 de marzo y la patronal se comprometió a emplear a 102 obreros en paro durante un período de cincuenta días. Los obreros recibirían jornales de 4,50 pesetas si trabajaban en la escarda, 6,00 si lo hacían en huertas o en la cava de viñas y un subsidio de 2,00 si las lluvias impedían trabajar. Como la mayor parte del término estaba ocupada por latifundios que se explotaban en régimen de arrendamiento o aparcería, hubo que acordar los porcentajes del coste del pacto que correspondía asumir a la propiedad y al cultivador directo. En el caso de fincas arrendadas, los colonos deberían pagar dos terceras partes del importe del jornal y el propietario el tercio restante y las proporciones se invertirían cuando hubiese que abonar el subsidio por días de lluvia. En las fincas explotadas en régimen de aparcería el coste de los jornales se repartiría a partes iguales entre propietarios y aparceros. El 50 % de los obreros beneficiarios del pacto serían elegidos directamente por los patronos y la otra mitad entrarían a través de la bolsa de trabajo que controlaba el Ayuntamiento, pero siempre dando prioridad a los cabezas de familia y, una vez colocados estos, a los hijos de familias numerosas.

De este modo se consiguió mitigar y aplazar las consecuencias de la crisis de trabajo hasta el 9 de mayo. La patronal tendría que desembolsar entre 10.200 y 30.600 pesetas dependiendo de las condiciones meteorológicas y del tipo de faena en que se emplease a los parados y el 77 % de los 102 obreros a los que había que dar trabajo tendrían que ser colocados en San Fernando, San Francisco y Niza. Los socialistas estaban de acuerdo con la solución acordada para salir de la crisis, pero eran conscientes de que eso solo era un parche que aplazaba el problema sin darle una solución real. A finales de abril propusieron que los cortijos San Fernando y San Francisco fuesen explotados directamente por el sindicato en régimen de arrendamiento colectivo. De haber prosperado la petición, los grandes perjudicados no habrían sido los propietarios de los latifundios, que al fin y al cabo continuarían recibiendo una renta por sus tierras, sino los agricultores del pueblo que entonces las llevaban en arrendamiento.

El pacto del 20 de marzo solo fue un paliativo temporal y en cuanto concluyó se volvió a la misma situación de antes. El Ayuntamiento volvió a echar mano de las obras públicas a cargo de la décima sobre contribuciones y durante una semana a partir del día siguiente a la conclusión del pacto empleó a trece o catorce obreros con jornal de 4,00 pesetas en las obras del camino de La Ermita al abrevadero. A mediados de mayo Pedro Pérez comunicó a sus compañeros de corporación que diariamente se le presentaban «grupos de obreros en demanda de socorros a los cuales no puede aliviar por la falta de recursos de este Ayuntamiento». Lo autorizaron a convocar a la patronal de pueblo para pedirle de nuevo cooperación en la solución de la crisis y el 19 de mayo consiguió que se comprometiese a desembolsar una nueva contribución económica para atender a los parados. Aceptaron pagar un recargo del 5 % sobre sus cuotas del impuesto de Utilidades, pero con la condición de que también lo hiciesen los propietarios forasteros y que los colonos sin casa abierta que no pagaban impuesto de Utilidades abonasen una peseta por cada fanega de tierra que llevaban.

3. Resistencia republicana

Cuando la rebelión iniciada en Marruecos ya se había extendido a la península y mientras los golpistas empezaban a imponerse rápidamente en Cádiz, en Jerez de la Frontera y en los principales núcleos urbanos de la provincia, el cabo Salvador Campillo y los guardias de Torre Alháquime, que habían recibido órdenes de concentrarse en la cabecera de línea, abandonaron el puesto sin haber declarado el estado de guerra. Reunieron a sus familias, cogieron el equipaje más imprescindible y se marcharon a Olvera. Ni Pedro Pérez Álvarez, ni la corporación municipal que presidía, ni el sindicato socialista tuvieron dudas a la hora de decidir la postura que debían adoptar ante la sublevación. La primera reacción fue declarar una huelga general. Era una forma de protestar contra el golpe. «Durante el dominio rojo dieron una orden los elementos directivos de la UGT de que se suspendiera el trabajo», recordaría luego un afiliado del sindicato. Entre los días 20 y 22 se decidió desarmar a la gente de derecha –los que aplaudían a los rebeldes– y organizar patrullas de obreros para vigilar las entradas del pueblo. ¿Quién tomó la iniciativa? El socialista Diego Medina Guerra decía que en el ayuntamiento hubo una reunión en la que el alcalde decidió armar a los obreros, pero otras fuentes indican que fue el presidente del sindicato, Cristóbal Guerra Carreño, quien tuvo un papel más activo en la organización de la defensa.

El armamento incautado se depositó en el ayuntamiento. Era el punto de donde salían y donde se relevaban las patrullas de obreros que montaban guardia en las entradas del pueblo, en La Ermita, El Camorro, Los Corrales, Vereda Ancha, La Casilla, el cruce de la carretera de Cuevas del Becerro y otros lugares estratégicos. Los servicios de armas empezaron siendo voluntarios, pero luego se hicieron obligatorios y todos los militantes del sindicato eran llamados por turno para hacerlos. Las armas eran pocas y se devolvían cada vez que cambiaba el turno de guardia. Según las declaraciones de algunos de ellos, cuando los llamaban para hacer un servicio les entregaban la escopeta y escasa munición. Los que estaban apostados en los accesos del casco urbano controlaban a quienes entraban y salían.

La intervención de la actividad económica para asegurar el abastecimiento de la población comenzó a partir del día 24 o 25. Se incautaron de los hornos de pan y se exigió a los agricultores y comerciantes del pueblo la entrega de las reservas de trigo y otros alimentos, que también fueron almacenados en el ayuntamiento. Según el falangista Antonio García Partida, Pedro Pérez implantó en Torre Alháquime «el comunismo libertario, prohibiendo él personalmente la venta de toda clase de artículos, almacenando en la casa ayuntamiento como economato todos los artículos de primera necesidad, que existían en poder de sus legítimos dueños, obligando a todos los vecinos a proveerse de dichos artículos mediante vales expedidos del comité revolucionario». Pedro justificó aquella decisión diciendo que «en vista de que el pueblo tenía hambre y en las tiendas se exigía por éste los comestibles que había, él ordenó la traída al ayuntamiento de los efectos y comestibles que en ellas había y éstos eran distribuidos proporcionalmente a todo el vecindario de esta localidad». Para las incautaciones se nombró un comité o comisión de la que formaban parte Francisco Villalva Blanco, Andrés Galán Luna y José Carreño Torres, que era vicesecretario del sindicato. A los propietarios afectados se les entregaba como justificante un vale que generalmente era expedido por Carreño o por el alcalde. El ayuntamiento hizo las veces de arsenal, almacén y también de centro de distribución y racionamiento.

El 27 de julio pasó por Torre Alháquime una columna de milicianos y carabineros republicanos, procedente de Ronda, que se dirigía a Olvera y tuvo que detenerse en el pueblo mientras se reparaba el puente de Romaila, que dos días antes había sido inutilizado por un grupo de unos cuarenta hombres, del que formó parte Pedro Pérez, para impedir el tránsito de fuerzas rebeldes. Según el alcalde, la columna estaba formada veintiséis o veintisiete camiones, abarrotados de gente con todo tipo de armamento. Calculaba que debían de ser alrededor de ochocientos hombres. Se puede imaginar el impacto que la entrada de una columna de más de medio millar de milicianos y carabineros debió de producir en un pueblo cuya población rondaba los mil doscientos habitantes, sobre todo teniendo en cuenta que no fue pacífica. Los camiones quedaron estacionados en la entrada, pero los grupos de milicianos empezaron a subir al centro urbano. Saquearon el cuartel de la Guardia Civil, la iglesia y la casa del cura. En los incendios y saqueos intervino, junto con los forasteros, gente del pueblo. En la Causa General se indica que los autores fueron los miembros de la columna rondeña «en unión de los destacados del Centro Socialista de esta villa, no pudiendo precisarse los nombres de los autores por haber sido hecho en masa».

La columna salió hacia Olvera de madrugada, pero se replegó cuando la mañana siguiente apareció un avión rebelde que también sobrevoló el casco urbano de Torre Alháquime, provocando que gran parte del vecindario abandonase el pueblo, que quedó prácticamente desierto. Algunos vecinos de derecha que estaban refugiados en las huertas aprovecharon esa circunstancia para subir a Olvera y unirse a las fuerzas golpistas que se estaban concentrando allí. Se armaron con fusiles que les dieron los falangistas de Mora Figueroa y se unieron a la columna de guardias civiles rebeldes que la tarde del 31 de julio ocupó Torre Alháquime. El pueblo solo estaba guarnecido por la improvisada milicia que organizó el sindicato socialista y los campesinos que vigilaban las entradas salieron corriendo en cuanto vieron aparecer la columna de guardias civiles. Entre ellos iba Pedro Pérez, a quien vieron salir a toda prisa, con una escopeta a cuestas.

3.   Huida y regreso de Málaga

La gente de izquierda que huyó de Torre Alháquime a finales de julio de 1936 permaneció varias semanas refugiada en casas de campo próximas al pueblo que no estaban controladas por los rebeldes. Pedro estuvo en un olivar del cortijo Las Hormigas y formó parte de las patrullas de milicianos que hicieron servicios de armas en la zona hasta que la ocupación de Ronda en septiembre los obligó a retirarse hacia la serranía y el litoral malagueño. Los rebeldes ya habían causado alguna víctima en el pueblo durante el mes de agosto, pero la ofensiva sobre Ronda recrudeció la gran represión que segó las vidas de más de una veintena de hombres y mujeres de Torre Alháquime. Algunos de ellos fueron capturados por las partidas de falangistas y guardias civiles que batían los alrededores del término, pero otros se habían quedado voluntariamente, confiados en que sus vidas no peligraban. Entre los fusilados estaban dos miembros de la corporación municipal, Antonio Orozco Galván y Fernando Albarrán Contrera. Al parecer hubo un intento de asesinar a Juana Guerra, la esposa de Pedro: la llevaron encañonada al pueblo desde una casa de campo, pero el ex concejal radical Juan Casimiro Villalva impidió que la matasen.

Casi un centenar de vecinos, la mayor parte varones adultos, pero también algunas mujeres y niños, huyeron hacia la provincia de Málaga en septiembre de 1936. Pedro Pérez iba con dos de sus hijos, Pedro y Juan Pérez Guerra, de diecinueve y diecisiete años respectivamente. Su primer destino fue San Pedro Alcántara, pero de allí pasaron a Málaga para evitar que los muchachos fuesen alistados en la columna anarquista de Pedro López Calle. En la capital se habían concentrado miles de refugiados procedentes de las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y de las comarcas malagueñas que ya estaban ocupadas por los rebeldes, y los refugiados de algunas localidades serranas constituyeron comités que fueron sus órganos de representación. Pedro fue el responsable de distribuir entre los refugiados de Torre Alháquime, Alcalá del Valle y Setenil los subsidios que les asignó el comité de la ciudad, una tarea en la que a veces era auxiliado por uno de sus hijos y por el concejal Francisco Medina Trujillo.

4.   Consejo de guerra y ejecución

Juan y Pedro Pérez Guerra consiguieron pasar de Málaga a las provincias orientales antes de que la ciudad fuese ocupada por el ejército rebelde en febrero de 1937, pero el padre estaba hospitalizado desde varias semanas antes. Al menos treinta hombres y mujeres huidos de Torre Alháquime quedaron atrapados en la capital y su entorno. La mayor parte de ellos llegó al pueblo a mediados de mes. Fueron detenidos e interrogados en el cuartel de la Guardia Civil. Quienes no eran considerados peligrosos o contaban con el aval de algún derechista del pueblo fueron liberados, pero veintidós quedaron encarcelados en el depósito municipal o en La Casilla. Pedro continuó algún tiempo hospitalizado en Málaga y fue uno de los últimos que regresaron. Juana, su compañera, trabajaba como empleada doméstica en casa del labrador Cristóbal Villalva Márquez y este lo avisó a través de su hijo, Juan Manuel Villalva Zamudio, para que no volviese al pueblo, pero se presentó el 27 de marzo. Lo detuvieron inmediatamente, como habían hecho con quienes llegaron antes que él.

La Orden General del Ejercito del Sur de 3 de marzo había marcado las pautas para instruir las diligencias sobre los antecedentes políticos y actitud que adoptaron frente al golpe los que regresaban de la zona roja. El teniente de la Guardia Civil de Algodonales, Guillermo Torres Pons, instruyó las diligencias correspondientes a Pedro Pérez y otros quince vecinos entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Cada expediente constaba de la declaración del propio encartado, las de dos testigos que deponían sobre su conducta, la del comandante de puesto, un informe del jefe de Falange y el resumen de lo actuado. La instrucción de cada expediente se completaba en el día, de modo que el 3 de abril, que fue la jornada más intensa de trabajo, el teniente y el cabo que lo asistía como secretario tomaron treinta y cuatro declaraciones entre las de detenidos, testigos y las del comandante de puesto, además de redactar ocho resúmenes. Salvo una excepción, los testigos que comparecieron ante el juzgado eran los derechistas del pueblo y numéricamente fueron menos que los encartados, solo trece, pues algunos declararon en más de una diligencia.

Los derechistas que testificaron sobre la conducta del alcalde fueron los industriales Juan Calle García y Enrique Carrasco Domínguez. Juan Calle era un comerciante que había sido afectado directamente por las incautaciones de alimentos que ordenó Pedro Pérez «en los tres días que se vivió el comunismo en esta localidad» y lo acusó de haber actuado «unas veces con amenazas y siempre con exigencias» cuando siendo alcalde reunió a los industriales y propietarios del pueblo para que contribuyesen a sostener a los parados. Enrique Carrasco, que había sido concejal radical durante la República y luego formó parte de la comisión gestora impuesta por los golpistas, también lo acusó de ordenar la incautación y racionamiento de alimentos y además añadió que lo vio armado por la calle y que él mismo fue detenido por orden suya «por exigirle la entrega de una escopeta de su propiedad la cual no tenía por haber entregado en el cuartel de la Guardia Civil». Según el jefe de Falange, Antonio García Partida, fue Pedro quien mandó desarmar a la derecha y lo acusó de ordenar a los milicianos que hacían guardia en la entrada del pueblo que disparasen contra un guardia civil y un soldado rebelde que pasaron cerca del casco urbano el 27 de julio, justo antes de que llegase la columna de Ronda, y que huyeron en dirección a Olvera. El cabo Salvador Campillo, que no conocía los hechos de primera mano, puesto que estuvo concentrado en Olvera mientras sucedió todo aquello, también informó de que fue él quien ordenó el desarme de la derecha y la incautación de aparatos de radio, ordenó el servicio de vigilancia en los extramuros y «dio facilidades en el alojamiento» a la columna rondeña, si bien matizó que le constaba que «obró así instigado por la junta directiva de la Casa del Pueblo que lo dominaba».

Los expedientes instruidos por el teniente Torres se enviaron al Gobierno Militar de la provincia, que a su vez los remitió al Consejo de Guerra Permanente de Cádiz, a quien correspondía la decisión de transformar las diligencias previas en procedimiento sumarísimo por delito de rebelión militar. Se ordenó continuar la tramitación de los dieciséis y, siguiendo la práctica ordinaria de agrupar en un solo sumario a los encartados por hechos conexos, todos quedaron unidos en el 190-37. Para la tramitación del procedimiento se designó al teniente honorífico del Cuerpo Jurídico Militar Manuel Moreno Herrera. El 22 de abril se personó en Torre Alháquime con el cabo de Infantería Bartolomé Llompart Bello en función de secretario para tomar la declaración indagatoria a los encartados y para que los testigos ratificasen o ampliasen las suyas. Los encartados confirmaron lo que ya tenían declarado, excepto Fernando Barriga que ratificó su primera declaración, pero a continuación negó que fuese cierto que había pertenecido a un batallón de milicianos en Málaga, como constaba en aquella. El cabo y los testigos también ratificaron las suyas, aunque algunos tuvieron que rectificar y admitir que no fueron testigos directos de los hechos sobre los que habían depuesto. Al terminar la jornada, Moreno Herrera había tomado sesenta y tres declaraciones y también tenía redactado el auto-resumen que declaraba a los encartados procesados y presos por delito de rebelión.

El auto-resumen imputaba a diez de los procesados el haber prestado servicios de armas para hacer frente a las «fuerzas nacionales», varios de ellos habían intervenido además en registros domiciliarios y en el saqueo de la iglesia y del cuartel y dos fueron milicianos en Málaga. Pedro Pérez aparecía como responsable de ordenar incautaciones y de atender a la columna de milicianos el 27 de julio. La responsabilidad de Roque Morales se agravaba al presentarlo como el «jefe de escopeteros» que organizaba los servicios de guardias y que ordenó la persecución de un guardia civil y un soldado rebelde que pasaron cerca de Torre Alháquime poco antes de que llegase la columna rondeña y que fueron tiroteados y perseguidos los milicianos. Las imputaciones más graves son las que se hicieron a Diego Medina: servicios de armas en el pueblo, el hallazgo de explosivos en su domicilio, intervenir en los asesinatos de varios derechistas y alistarse en un batallón de milicias en Málaga. El resumen pasó por alto la declaración de un testigo que aseguraba haber visto con armas a José Carreño Torres, pero fue imputado como uno de los responsables del comité de abastecimientos. Las mujeres no hicieron servicios de armas, pero intervinieron en los saqueos. Tampoco había constancia de que el concejal Pedro Marín y Lorenzo García Sacie hubiesen tomado las armas, pero al primero se le había visto «predicar a los obreros el desorden» y se le consideraba responsable de tomar con el resto de la corporación municipal «el acuerdo de sumarse a las fuerzas rojas que entraron en el pueblo» y el segundo era presentado como un activo propagandista de ideas de izquierda. Por último, a José Morilla Vicario, que no estaba afiliado a organizaciones de izquierda, se le acusaba de robar una casa del pueblo mientras la gente del pueblo huía al campo por miedo al avión rebelde la mañana del 28 de julio. La fase de instrucción sumarial había quedado concluida en un solo día y el expediente estaba listo para que el Consejo de Guerra señalase la fecha de la vista.

Centenares de hombres y mujeres de la sierra fueron puestos a disposición de los juzgados militares en la primavera de 1937. Los sumarios se instruyeron rápidamente, como el de Torre Alháquime, y durante el mes de mayo el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz se desplazó a la comarca para la celebración de los juicios. Hubo consejos de guerra colectivos entre los días 5 y 10 en Arcos de la Frontera; el 11 y 12 en Villamartín; del 14 al 18 en Algodonales; el 20 en Grazalema, el 21 y 22 en Ubrique y el 23 de nuevo en Villamartín. La vista de la causa 190-37 se celebró en Algodonales el 15 de mayo. Los reos fueron trasladados a esta localidad al menos dos días antes y designaron como defensor al teniente Federico Sahagún Repeto, pero las garantías procesales del juicio eran mínimas. Al defensor solo se le permitía examinar el sumario durante tres horas y desde Sevilla se habían dado instrucciones para que fuesen condenados a muerte todos los que hubiesen sido milicianos e incluso se indicaron las proporciones que debían guardar entre sí las penas dictadas por los tribunales castrenses. Así las cosas, no sorprende que el fiscal solicitase la pena de muerte para catorce reos y que el tribunal, presidido por el comandante Cipriano Briz González, la dictase para once. A los otros cinco les impusieron penas de veinte a treinta años de cárcel. El criterio fue sancionar con la pena capital a todos los que hicieron servicios de armas o intervinieron en saqueos, excepto dos que no fueron considerados peligrosos; y también se condenó a muerte a Pedro Marín, que no hizo servicios de armas pero lo responsabilizaron de organizar la resistencia con el alcalde. Tanto las acciones de resistencia como la violencia revolucionaria se tipificaron como rebelión militar. A la práctica de la justicia al revés se sumó la premisa de que las organizaciones del Frente Popular habían dado la consigna de «verificar cuantas destrucciones, saqueos y actos de violencia fueren posibles para oponerse a nuestras armas» y de ahí se concluyó que «tan indudable es la rebelión de aquellos que empuñaron las armas y con ellas lucharon contra nuestro ejército como la de los que realizaron los excesos y violencias por el gobierno faccioso y organizaciones dependientes aconsejada, y en este sentido han de merecer la calificación de rebeldes total y plenamente unos y otros, sea cualquiera la forma de su actuación de las dos anteriormente señaladas». Cuando oyeron la petición del fiscal, Pedro Marín y Pedro Pérez dijeron «que es mucha la pena que se le[s] pide» y el segundo añadió «que durante su gestión como alcalde nada anormal ocurrió en el pueblo».

La sentencia se dictó el mismo día del juicio, pero no se les comunicó inmediatamente porque antes tenía que aprobarla el auditor de guerra y las condenas a muerte requerían el «enterado» del cuartel del generalísimo. Con la causa ya juzgada, no era necesario mantener a los presos en el pueblo, donde además de generar un gasto de alimentación requerían el establecimiento de un dispositivo de vigilancia en el edificio habilitado como cárcel. Los varones fueron enviados al Penal del Puerto de Santa María y las mujeres a la Prisión Provincial de Sevilla, desde donde las trasladarían a los pocos días a la Prisión del Partido del Puerto de Santa María. El «enterado» de Franco llevaba ya una semana en las oficinas de la Auditoría de Guerra en Sevilla cuando los hombres ingresaron el 19 de junio en el Penal de El Puerto. Las condenas a muerte de María Jiménez y Trinidad Morales fueron conmutadas por reclusión perpetua (30 años), pero las de los varones habían sido ratificadas.

Les notificaron la sentencia el 1 de julio y el día 2 se procedió a la ejecución. En la cárcel les ofrecieron servicios de capilla y de madrugada fueron entregados a la Guardia Civil. Los llevaron al cementerio de la ciudad, a la espalda del cuarto patio, donde fueron fusilados por un piquete de la Guardia Civil en presencia del comandante militar de la plaza y de fuerzas de Infantería, Carabineros, Falange y Milicias Nacionales. Los cuerpos sin vida fueron reconocidos por el médico forense Luis Bootellos y los enterraron en dos fosas comunes del cuarto patio. A diferencia de las muertes causadas por la represión inicial de 1936, los fusilamientos de julio de 1937 no fueron asesinatos sino ejecuciones. Dejando aparte la cuestión de la legalidad, legitimidad y falta de garantías procesales de la Justicia Militar rebelde, la existencia de procedimiento judicial, tribunal y sentencia nos sitúa en un plano distinto del «terror caliente» de 1936. Las víctimas de la represión inicial fueron enterradas en fosas comunes irregulares fuera de los cementerios y la inmensa mayoría no se inscribió en el Registro Civil, por lo que a efectos legales no eran más que desaparecidos. Eso no ocurre con los condenados a muerte por los tribunales militares, pues la norma es que en la diligencia de ejecución de la sentencia se incluyan el certificado de enterramiento en el cementerio y el de defunción. En la diligencia de los condenados de la causa 190-37 se indica que fueron «enterrados en el Cementerio Católico de esta ciudad, en el patio primero, lado derecho, letra A, y lado izquierdo letra B». Las defunciones de los nueve ejecutados se inscribieron en el libro 59 del Registro Civil de El Puerto de Santa María. La de Pedro Pérez, en el folio 141.

5. Los hijos y los compañeros de la corporación

Los concejales socialistas Antonio Orozco Galván y Fernando Albarrán Contrera fueron asesinados por los rebeldes en septiembre de 1936. Pedro Marín Salguero fue condenado a muerte y fusilado en El Puerto de Santa María a la vez que el alcalde. José Pérez Álvarez también estuvo refugiado en la provincia de Málaga; no fue encausado por la justicia militar cuando regresó en febrero, pero lo detuvieron cuando su reemplazo fue llamado a filas a finales de año; estuvo varios meses encarcelado y lo juzgaron en Cádiz el 12 de mayo de 1938, pero fue absuelto. Enrique Guerra Valiente y Andrés Castro Rodríguez regresaron cuando terminó la guerra y ambos fueron juzgados en Olvera el 15 de julio de 1939; al primero lo condenaron a 6 años y 1 día de reclusión por excitación a la rebelión y al segundo a 8 años y 1 día.

Los dos hijos mayores del alcalde, Juan y Pedro Pérez Guerra, sobrevivieron a la guerra. Juan se exilió en Francia y Pedro regresó a Torre Alháquime desde Madrid en 1939. En enero de 1938 se había incorporado en la capital a la 152 Brigada de Carabineros y lo destinaron al sector del cerro de los Ángeles. Cuando volvió al pueblo lo detuvieron y lo acusaron –como a casi todos los que retornaban– de participar en «huelgas revolucionarias», en la manifestación del 1º de Mayo de 1936, que acabó en una colisión entre guardias civiles de puesto de Olvera y obreros de Alcalá del Valle y Torre Alháquime, de intervenir en el saqueo de la iglesia y del cuartel el 27 de julio y de hacer guardias como miliciano. Y él –como casi todos– negó cuanto dijeron los acusadores. Decía que estuvo en la carretera por donde pasó la manifestación, pero que no participó en ella, que el 18 de julio estaba en Arcos de la Frontera, que pasó tres días trabajando en la carretera de Zahara de la Sierra y que cuando regresó a Torre Alháquime solo permaneció en el pueblo dos o tres horas y luego se marchó al rancho Las Monjas, del término de Setenil, donde estuvo trabajando hasta que las columnas rebeldes ocuparon la zona. Ni el juez instructor y ni el tribunal creyeron su versión, entre otras razones, porque la Guardia Civil exhibió una declaración del joven Francisco Guerra Romero en la que se citaba a Pedro y a su hermano Juan entre los miembros de la Juventud Socialista que intervinieron en los saqueos del 27 de julio. El 8 de marzo de 1940 fue juzgado en Jerez de la Frontera y lo condenaron a 12 años y 1 día por auxilio a la rebelión. Su itinerario carcelario había comenzado el 14 de abril de 1939 en el depósito municipal, de donde fue trasladado a la Prisión del Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda, Prisión del Partido de Jerez y Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas, donde recibió la libertad condicional el 14 de agosto de 1941.


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