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16 abr. 2012

HILARIO GUTIÉRREZ GARCÍA

Hilario Gutiérrez García

Hilario Gutiérrez García
Autor: Fernando Romero Romero

Alcalde republicano de Prado del Rey (Cádiz)

1. Carpintero, músico y concejal
El mandato de Hilario Gutiérrez García como alcalde fue breve. El más corto de cuantos alcaldes gobernaban los municipios de Cádiz cuando se produjo el golpe de 1936. Lo eligieron el 16 de julio, la víspera de la sublevación del ejército colonial en África, el comandante de puesto lo destituyó el día 20 y sus enemigos políticos lo asesinaron a principios de septiembre. Las razones para asesinarlo no radicaban en su casi inexistente gestión como alcalde en tiempos del Frente Popular, sino en los odios acumulados por varios años de intensa conflictividad social y política en los que él fue, al menos entre 1932 y 1934, uno de los referentes de la izquierda local.El carpintero Hilario Gutiérrez García había nacido en Prado del Rey el 14 de febrero de 1882 y cuando se presentó a las elecciones municipales de 1931 formaba parte del Comité Alianza Republicana, que había fue fundado por el joven estudiante de Derecho Rafael Pereira Chacón. En su acercamiento al mundo de la política debió de influir su pertenencia a la Sociedad La Cultura Pro-Biblioteca Pública, que dinamizó la vida cultural local desde finales de la segunda década y que, si bien nació como una asociación plural y sin una ideología determinada, terminó convirtiéndose en la casa común de la izquierda. Hilario fue vocal de su junta organizadora en 1917 y se ofreció a construir, junto con el también carpintero y vocal Francisco Gutiérrez Oñate, las primeras estanterías de la biblioteca. Se dio de baja en fecha y por razones que desconozco, pero en 1925 fue contratado como director de la banda de música de la sociedad y en 1927 solicitó el reingreso. Quienes avalaron su retorno fueron Francisco Gutiérrez, que entonces era presidente de La Cultura, y José Fabero Fernández.

La mayor parte de los miembros de la candidatura de la Conjunción republicano-socialista tenía algún vínculo con La Cultura. El primer alcalde de la República, el socialista Manuel González de Quevedo y Copete, había sido vicepresidente de la sociedad en 1928 y administrador del Boletínque publicaba periódicamente la institución cultural. Y entre los concejales electos por la conjunción también se encontraba el socialista José Fabero, que había sido miembro de la comisión organizadora en 1917 y de la directiva en varias ocasiones. La Alianza Republicana, que fundó en vísperas de las elecciones el joven Rafael Pereira Chacón, se disolvió a finales de 1931 y quienes formaron parte de ella se dividieron entre el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) y el azañista Acción Republicana (AR). Hilario se adscribió a la primera organización y también fue el presidente de la sociedad recreativa Círculo de Trabajadores, que vino a ser un casino para los obreros y que compartía domicilio social con el PRRS.

2. Teniente de alcalde... y preso en Cádiz

Hilario fue elegido primer teniente de alcalde el 12 de noviembre de 1932 y al día siguiente se hizo cargo interinamente de la Alcaldía por ausencia del titular, Rafael Pereira Chacón. Su mandato como alcalde accidental coincidió con un periodo de intensa conflictividad social. Mientras el Ayuntamiento buscaba soluciones para la grave situación de los jornaleros en paro, se desató una oleada de atentados contra la propiedad. Se decía que no era obra de delincuentes comunes, sino que respondía a una estrategia aprobada por la Casa del Pueblo en una asamblea celebrada el 23 de noviembre en la que habrían intervenido Francisco Gutiérrez Oñate, que era su presidente, el concejal José Fabero y el propio Hilario. El plan de acción consistiría en que diariamente saldrían comisiones de obreros para reclamar cosechas y ganados a los rancheros y, en caso de encontrar resistencia, al día siguiente volvería otra comisión más numerosa para exigirlo de nuevo, y así por tiempo indefinido hasta que los rancheros, unos por estar arruinados y otros por miedo, abandonasen los campos. Lo cierto es que a finales de mes proliferaron los hurtos y robos y el día 25 se produjo un grave incidente con motivo de la detención de dos jóvenes a los que se acusaba de un atraco. Una multitud se concentró ante el domicilio del juez municipal, Ildefonso Rodríguez Mena, exigiendo que los liberase y la manifestación acabó con la gente apedreando las ventanas de la casa y el juez disparando desde la azotea con una escopeta de caza.

Según el juez, fueron Hilario y el segundo teniente de alcalde, José Fabero, quienes azuzaron a la multitud contra él y decía que incluso mandaron a los guardias municipales a reclutar gente para la manifestación. Hilario, por su parte, sostenía que los dirigentes socialistas y radical-socialistas habían tratado de calmar al vecindario, que ya por la tarde estaba alterado por el maltrato a los detenidos, y que él estaba reunido en el Círculo de Trabajadores cuando lo avisaron de que el juez había pegado cuatro o cinco tiros desde la azotea. Desde su punto de vista, el juez tuvo mal tacto al recibir groseramente al primer grupo de jóvenes que acudió a su domicilio para que liberase a de los detenidos y luego se asustó, perdió los nervios y reaccionó desproporcionadamente: «El caso de este señor Rodríguez Mena no puede considerarse de otra forma sino que una conciencia temerosa, por sus hechos anteriores, de una sanción popular, vio en la actitud del pueblo lo que el pueblo ni siquiera pensaba en aquellos momentos, invadiéndole un miedo insuperable, que le llevó al vesánico acto de disparar contra un pueblo que pacíficamente pedía la libertad de unos compañeros detenidos». El 27 de noviembre José Fabero, José Mesa Tirado y Francisco Montero, en nombre de las organizaciones socialista y radical-socialista, enviaron al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de la Gobernación un telegrama en el que denunciaban que se había producido una grave alteración del orden público por el maltrato que los guardias infligieron a los dos detenidos y que el juez municipal había disparado contra el pueblo.
Mientras tanto, la situación de los jornaleros en paro se agravaba por días. Hilario reunió el 10 de diciembre a representantes de los obreros y de la Cámara Agrícola para tratar de solucionar la crisis, pero los agricultores ya habían decidido desentenderse de todas las iniciativas municipales y no logró que contratasen a nadie. Al día siguiente una comisión de obreros recorrió los comercios de pueblo, consiguiendo que los industriales contribuyesen con un socorro de cuatrocientas pesetas y cierta cantidad de pan para los parados. Lo que sí hizo la Cámara Agrícola fue enviar al gobernador un telegrama denunciando que el alcalde alentaba a los obreros para que saliesen al campo a robar y que durante cuatro días lo habían estado haciendo dentro y fuera del pueblo. La siguiente reunión de Hilario con las delegaciones de los obreros y de la patronal se celebró el 14 de diciembre en Cádiz, en presencia del gobernador. Esa vez los agricultores sí se comprometieron a colocar a los jornaleros parados en sus fincas en cuanto mejorase el tiempo, pero cesaron las lluvias y no cumplieron su palabra. El alcalde citó de nuevo a todas las fuerzas vivas el día 31, pero sólo obtuvo alguna colaboración por parte de los pequeños patronos e industriales. «Parece –escribió Hilario– una manía persecutoria contra toda iniciativa del Ayuntamiento en bien de los trabajadores».

Por otra parte, el juez municipal había hecho gestiones con el fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz y con el presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla para que se investigase la responsabilidad de Hilario y Fabero en los sucesos de noviembre. Consiguió que el Juzgado de Instrucción de Arcos de la Frontera se constituyese en el ayuntamiento de Prado del Rey con el fiscal de Cádiz para instruir unas diligencias cuyo resultado fue un auto de prisión sin fianza contra ambos. Ingresaron en la Prisión Provincial de Cádiz a principios de enero y estuvieron encarcelados cerca de un mes y medio. Allí escribió Hilario el artículo titulado «Desde mi prisión - La verdad de mil mentiras», en el que denunció que todo aquello no se debía más que a los manejos políticos del juez:
¿Por qué se nos denuncia a José Fabero y al que suscribe, como inductores de un supuesto delito de atentado por lo ocurrido en la noche del 25 de noviembre? ¿Y por qué se denuncia también a Juan Bocanegra, José Garrido, Francisco Chacón y a Dionisio Reguera? Seguramente para justificar el boticario los disparos que hizo. El señor Rodríguez Mena, que todos conocemos, no denuncia en nosotros sino a dos concejales: uno radical-socialista y otro socialista, como muestra de su rastrera política. No hay más.
La corporación municipal quedó en una situación absolutamente precaria en enero de 1933. Debía estar formada por trece concejales, pero entre la detención Hilario y Fabero, la defunción de uno y la ausencia de otros, sólo tres asistían a los plenos. El gobernador civil, Pedro del Pozo Rodríguez, tomó cartas en el asunto y nombró seis concejales interinos para cubrir las vacantes. Entre ellos estaban el ex alcalde monárquico José Mena Chacón, a quien conocían en el pueblo por El Cacique y que después del 14 de abril se convirtió al republicanismo lerrouxista, y otros dos que se habían presentado como monárquicos a las elecciones de 1931. Lo primero que hicieron cuando entraron en el Ayuntamiento fue elegir un nuevo primer teniente de alcalde. Hilario había sido designado para ese puesto en noviembre, pero su nombramiento fue interino porque no alcanzó la mayoría absoluta necesaria y la provisionalidad aún permanecía, puesto que no se había sometido a una segunda votación. Ese resquicio permitió celebrar una nueva votación en la que resultó elegido José Mena. Y como Pereira continuaba fuera del pueblo, Mena empezó a actuar como alcalde en funciones.
Hilario y Fabero salieron de la cárcel y volvieron a asistir a los plenos a partir del 25 de febrero, pero El Cacique continuó presidiendo las sesiones municipales. La tensión entre unos y otros se palpaba y los nervios saltaron cuando Rafael Pereira se presentó el 17 de marzo con el propósito de remodelar la corporación destituyendo a unos concejales y nombrando a otros. Todos se pusieron contra él, tanto los radicales como los socialistas y radical-socialistas y tuvo que salir escoltado del ayuntamiento porque la gente intentó lincharlo. La intervención de un nuevo gobernador civil, Ernesto de la Iglesia Vega Manteca, que destituyó a los concejales interinos radicales y nombró en su lugar a otros que pertenecía al PRRS y a Acción Republicana, permitió que Hilario recuperase la primera tenencia de alcalde el 20 de mayo de 1933 y que el 17 de junio, una vez destituido Pereira, fuese elegido alcalde titular.

3. En Prado del Rey no hay trabajo


La tremenda crisis de trabajo que a finales de 1932 castigaba a los jornaleros de Prado del Rey continuó durante 1933 y desbordó por completo a quienes estaban al frente de la administración municipal, tanto a los socialistas y radical-socialistas como al lerrouxista José Mena durante el tiempo que fue alcalde. En mayo de 1933 la corporación, presidida entonces por Hilario como alcalde accidental, subrayó el pernicioso efecto de la Ley de Términos Municipales señalándola como principal causa del paro forzoso. Según los datos que manejaban, el pueblo tenía 4.500 habitantes, más de cien por kilómetro cuadrado, y el término estaba dividido en 350 predios, de los que cerca de 300 eran cultivados directamente por los agricultores sin necesidad de contratar mano de obra asalariada. Era imposible que los 526 obreros agrícolas que estaban censados encontrasen ocupación en él. Y además ocurría que el de Arcos de la Frontera llegaba hasta unos dos kilómetros del casco urbano y el de Villamartín quedaba a escasos quinientos metros. Esta cercanía hacía que fuese en esos términos colindantes donde tenían sus tierras los mayores propietarios del pueblo y que, sin embargo, la gente de Prado del Rey no pudiese trabajar en ellas. Ante esta realidad, lo que decidió la corporación fue solicitar al Ministerio de Trabajo, como preveía la propia Ley de Términos, una intermunicipalidad con Villamartín y Arcos a efectos de colocación obrera. No tengo constancia de que fuese concedida, pero sí de lo reacios que eran los municipios con términos extensos a permitir que obreros de otros pueblos trabajasen en ellos; y eso ocurría en Villamartín, donde en octubre de 1932 el sindicato socialista había emprendido una dura campaña para impedir que los agricultores cediesen tierras en régimen de aparecería a colonos procedentes de otros pueblos y luego, en 1933, pusieron impedimentos a la creación de una intermunicipalidad con Puerto Serrano.
La situación de los parados era tan grave que requería una solución inmediata «para evitar las consecuencias de la desesperación de los hambrientos». Prácticamente toda la sierra estaba igual y el 23 de julio Hilario acudió a una asamblea comarcal de alcaldes que se celebró en Olvera para tratar el problema. Allí se barajó la posibilidad de que una comisión de alcaldes y representantes de los municipios de la sierra viajase a Madrid para exigir soluciones a los poderes públicos. El Ayuntamiento de Prado del Rey, por su parte, propuso la ejecución de varios proyectos de obras públicas que generarían trabajo: la conducción de aguas al casco urbano desde el manantial de El Veguino y la continuación de las obras del ferrocarril Jerez-Almargen y del pantano de Guadalcacín.
La expectativa de la aplicación de la reforma agraria debió de generar en los jornaleros de Prado del Rey la ilusión de que sus penalidades acabarían en cuanto el Gobierno entregase tierras intervenidas o expropiadas por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) a las colectividades de campesinos. Hilario Gutiérrez asistió el 23 de agosto de 1933 a una asamblea que se convocó en el gobierno civil para informar sobre la reforma agraria y la organización de las colectividades. Apenas dos semanas después ya se habían constituido en el pueblo cuatro agrupaciones de campesinos que estaban dispuestos a explotar las tierras que les ofreciese el IRA. Por otra parte, en el Registro de la Propiedad Agraria Expropiable del IRA se habían incluido fincas de once propietarios del término que sumaban cerca de cuatrocientas hectáreas, sin contar Alcaudete, de la duquesa de Ahumada, cuya extensión no consta. Estos propietarios debieron de temer que sus tierras fuesen intervenidas, lo mismo que otros tres terratenientes vecinos de Prado de Rey que poseían 543 hectáreas en los términos de Villamartín y Arcos de la Frontera. Pero que las fincas se incluyesen en el inventario no significaba que necesariamente fueran a ser intervenidas y, de hecho, no lo fueron. Para los jornaleros del pueblo, la reforma agraria sólo fue una promesa que generó grandes expectativas, pero que luego no tuvo una aplicación práctica que les beneficiase.

4. El gobierno de derecha y la Revolución de Octubre

Hilario salió de la Alcaldía tan pronto como los radicales tuvieron en sus manos el Gobierno central. Eso ocurrió en septiembre de 1933, cuando cayó el Gobierno de Azaña y Miguel Coloma Rubio fue nombrado gobernador. Él fue quien el 9 de octubre propuso al ministro de la Gobernación la suspensión del alcalde y del primer teniente de alcalde de Prado del Rey porque aún continuaban procesados por los sucesos de noviembre de 1932. Hilario y Fabero tuvieron que dejar los puestos en diciembre, pero eso no impidió que continuasen asistiendo a los plenos como concejales. Aunque Hilario no fuese alcalde, la coalición de socialistas y republicanos de izquierda a la que había representado continuaba controlando el gobierno municipal y quien entonces se hizo cargo de la Alcaldía fue el segundo teniente, José Mesa Tirado, que era presidente del PRRS. Por poco tiempo, porque los radicales continuaron en el Gobierno central tras el fracaso electoral de la izquierda en las elecciones legislativas de noviembre de 1933 y no tardaron en iniciar una campaña de «desmoche» de las corporaciones republicano-socialistas para hacerse con el control de la administración local. En unos casos lo hicieron destituyendo a los alcaldes y concejales de izquierda por supuestas irregularidades en la gestión municipal y en otros simplemente cubriendo vacantes con gente del PRR. Lo que se hizo en Prado del Rey fue sustituir a unos concejales interinos por otros: fueron cesados los que nombró Ernesto Vega de la Iglesia en 1933 y volvieron a entrar José Mena Chacón y los radicales. El Cacique sustituyó a José Mesa Tirado como segundo teniente y, como Hilario y Fabero continuaban inhabilitados, fue él quien asumió de nuevo las funciones de alcalde.
La izquierda de Prado del Rey había ganado las elecciones municipales de 1931 y los resultados locales de las legislativas de noviembre de 1933 habían mostrado que seguía siendo mayoría en el pueblo. Pero el gobernador civil radical había entregado el gobierno municipal a los antiguos monárquicos. La derecha, que no era capaz de ganar en las urnas, había entrado en el ayuntamiento por la puerta de atrás y le había arrebatado el mando a quienes fueron elegidos por el pueblo. Así es como la izquierda de Prado del Rey interpretaba lo que estaba ocurriendo y así estaban las cosas en el pueblo cuando los republicanos y socialistas se lanzaron a la huelga revolucionaria en octubre de 1934. El temor a que la CEDA pudiera aplicar en España un proyecto reaccionario de aniquilación del movimiento obrero, como el fascismo y el nacionalsocialismo habían hecho en Italia y Alemania, hizo que los dirigentes socialistas creyesen necesario preparar a sus organizaciones para dar una respuesta de fuerza si el partido de Gil Robles accedía al poder. Por eso desde principios de 1934 la actividad política y sindical ordinaria se simultaneaba con los preparativos de un eventual movimiento revolucionario que, para ellos, era de defensa de la República y contra el fascismo. Convocaron una huelga general cuando a principios de octubre se anunció la formación de un nuevo Gobierno en el que la CEDA tendría tres ministros. Como ellos, toda la izquierda política se opuso a que la República se dejase en manos de quienes consideraban enemigos del régimen. En Asturias el movimiento tuvo carácter de insurrección armada y en el resto del país también hubo focos aislados en donde la huelga tuvo connotaciones revolucionarias.

En la provincia de Cádiz hubo paros en la capital, en Jerez de la Frontera y en Algeciras, pero sólo en Prado del Rey se registraron incidentes graves. La noche del 7 de octubre cuarenta hombres armados, dirigidos por un comité revolucionario del que formaban parte Francisco Gutiérrez Oñate, el presidente de la Sociedad La Cultura y de la Casa del Pueblo, el concejal José Fabero y Andrés Pichaco Blanco, se adueñaron del pueblo. Desarmaron a los guardias municipales y quemaron la parroquia y los archivos del Ayuntamiento y del Juzgado. La revuelta fue rápidamente sofocada por efectivos de la Guardia Civil que llegaron la mañana del 8 procedentes de Villamartín, Ubrique y otros puntos. Cerca de un centenar de vecinos fueron detenidos y puestos a disposición del juez militar que instruyó la causa por rebelión militar y agresión a la fuerza armada. Hilario fue detenido el día 8 ó el 9 y también lo fue su hijo Ramón Gutiérrez Siret. El muchacho fue liberado el día 10 pero al padre lo enviaron, con otros veintitrés pradenses, a la Prisión Provincial de Cádiz. Fue uno de los diecinueve detenidos que ese mismo día solicitaron colectivamente un reconocimiento médico, pues varios de ellos aseguraban que habían sido maltratados por la Guardia Civil.
El juez instructor lo interrogó el 13 de octubre. Lo que consta en su declaración es que el día 7 se acostó a las diez y media y que no se enteró de absolutamente nada de lo que ocurrió esa noche en el pueblo; cuando se levantó a las siete de la mañana vio pasar a un hombre armado por delante de su casa y sobre las diez y medio oyó disparos en la Plaza de la República y en la parte alta del pueblo, pero no sabía quiénes organizaron el movimiento ni quiénes descolgaron las campanas de la iglesia. El instructor le preguntó si tenía amistad con el secretario del Ayuntamiento de El Bosque, Santiago Pérez y Fernández de Castro, a quien se suponía inductor del movimiento revolucionario, pero respondió que sólo tenían una «amistad relativa» porque ambos eran del mismo partido, pero que hacía tiempo que no mantenía contacto con él porque era con el presidente del partido, José Mesa Tirado, con quien se entendía. El 24 de octubre el juez instructor ordenó ponerlo en libertad porque no existían cargos suficientes para procesarlo y el día 25 salió de la prisión provincial.
Hilario ya no era concejal cuando regresó a Prado del Rey. El movimiento revolucionario de octubre había dado al gobernador civil, el radical Luis de Armiñán Odriozola, la cobertura perfecta para destituir a los concejales de izquierda que quedaban en Prado del Rey y en toda la provincia. La sustitución de los concejales socialistas y de Izquierda Republicana (nueva denominación de los radical-socialistas desde principios de 1934) por gente del PRR y de la CEDA se formalizó el 10 de octubre, el mismo día que Hilario fue enviado a la cárcel de Cádiz. Por otra parte, José Mena limpió la plantilla municipal deshaciéndose de todos los empleados que no le ofrecían confianza y uno de los despedidos fue Ramón, el hijo de Hilario, que estaba contratado como auxiliar de oficina.

5. La gestión municipal del Frente Popular


La victoria electoral del Frente Popular supuso para la izquierda de Prado del Rey, por un lado, la liberación de los 41 procesados por la revolución de octubre que en febrero de 1936 aún estaban detenidos en la Prisión Provincial de Cádiz y, por otra parte, la recuperación del gobierno municipal. Se designó una comisión gestora municipal en la que estuvieron representados los socialistas, Izquierda Republicana y el Partido Comunista. Sólo tres de sus trece miembros habían sido concejales en 1931. Hilario era uno de ellos. Fue a él a quien eligieron alcalde el 23 de febrero, pero la elección de cargos se repitió el 11 de marzo para que pudieran votar tres gestores que habían estado presos por la revuelta de octubre y que no pudieron asistir al pleno: José Fabero, José Mesa Tirado y Ángel Almagro Jácome. El elegido en esta ocasión fue Antonio Jiménez Benítez, que se mantuvo como alcalde hasta principios de julio. De Antonio Jiménez sabemos poco. Nació el 5 de diciembre de 1888 y era zapatero. También él estuvo un mes detenido en 1934 bajo sospecha de haber intervenido en la revuelta de octubre pero, igual que Hilario, fue liberado sin cargos. Ni siquiera se tiene completa certeza de a qué partido pertenecía, aunque podría ser de Izquierda Republicana, que era el más numeroso en la gestora.
Hilario asistió a siete de los once plenos que celebró la comisión gestora mientras Antonio Jiménez fue alcalde, pero las actas no recogen ninguna intervención suya durante ese periodo, por lo que parece haber estado en un segundo plano en la gestión de los asuntos municipales. Sin embargo, me detendré en exponer algunas de las cuestiones centraron la atención de la corporación durante aquellos últimos meses de la República en Prado del Rey. Aparte de los habituales ceses y nuevos nombramientos de empleados, el restablecimiento de la cooperación entre la corporación municipal y la Sociedad La Cultura, cuestiones simbólicas como la reforma del nomenclátor urbano y otras de orden público, como una espontánea ocupación de la casa rectoral en marzo, por la que fue detenido un miembro de la gestora, o la polémica detención de casi una treintena de falangistas y derechistas abril, las prioridades fueron la mejora de las infraestructuras y, sobre todo, combatir el paro y su consecuencia, el hambre de los trabajadores.
Desde principios de año se venía arrastrando una gravísima crisis de trabajo y las pertinaces lluvias ya habían obligado al Ayuntamiento a auxiliar a los obreros con repartos de pan y socorros en metálico antes de las elecciones. José Mena distribuyó una media de 170 socorros diarios entre el 25 y el 30 de enero y los repartos se reanudaron después de las elecciones. Se dieron siete días de febrero (244 diarios de media) y catorce de marzo (229). La ayuda que recibían los obreros era mínima y lo que se daba a una familia de siete miembros eran 25 céntimos de peseta y dos kilos y medio de pan, pero el Ayuntamiento no tenía medios para hacer frente a ese gasto y tuvo que pedir la cooperación de la clase patronal, que hizo aportaciones en metálico y en especie.
Se gestionaron varios proyectos con los que se pretendía mejorar las infraestructuras y servicios del municipio: abastecimiento de aguas del manantial de El Veguino, construcción de un nuevo matadero, instalación de puestos en la plaza de abastos, línea telefónica, construcción de siete viviendas para maestros, adquisición de terrenos para un colegio, división de la escuela de niñas para instalar una de párvulos y deslinde de las vías pecuarias del término. También se solicitó a la Diputación la inclusión en el plan de caminos vecinales, dependientes del Ministerio de Obras Públicas, pero que requerían el concurso de la institución provincial, de tres proyectos que resultarían beneficiosos para Prado del Rey: 1) el camino de El Bosque a Zahara de la Sierra; 2) el camino del Puerto del Alguacil a la carretera de Jerez a Ronda, y 3) el camino de la carretera de Arcos a El Bosque, desde el punto conocido como Venta de Ignacio, hasta la de Algar a Ubrique. La construcción de estas vías beneficiaría también a otros siete pueblos de la comarca y se acordó contactar con sus ayuntamientos para que también ellos hiciesen gestiones para su inclusión en el plan de caminos vecinales.
Los proyectos que he enumerado fueron sólo eso: proyectos que se trazaron sobre el papel, ideas, ilusiones y reivindicaciones, pero no llegaron a materializarse durante el mandato de la corporación frentepopulista. Las obras municipales eran uno de los recursos tradicionales de todos los ayuntamientos para combatir el paro. Lo que durante aquellos meses pudo hacerse con los pocos recursos económicos disponibles fueron algunas obras modestas, como la reparación de un tramo de la calle Doce de Abril y el arreglo de la cañería de La Fuentona, que aparte de mantener las infraestructuras generaron algunos puestos de trabajo. En la primera se invirtieron 222 jornales durante los quince días que se trabajó en ella, es decir, una media de quince obreros diarios, y en la cañería se echaron 166 peonadas a lo largo de diecinueve días. Para contar con algunos fondos que permitiesen ejecutar obras que no tenían cabida en el presupuesto ordinario, la Comisión Gestora decidió destinar a ese fin el producto de un recargo del 10% sobre las contribuciones territorial e industrial; este recargo –popularmente conocido como «décima contra el paro»– había sido autorizado por el Gobierno en 1931 y otros ayuntamientos de la comarca llevaban ya cuatro años ejecutando obras públicas con su producto.

Más conflictivas que la colocación de parados en obras públicas eran siempre las medidas encaminadas a obligar a los agricultores a contratar mano de obra o a repartir el poco trabajo que hubiese. A principios de marzo se reorganizó la Bolsa de Trabajo y Oficina de Colocación Obrera, se hizo campaña para que los obreros se inscribiesen en ella y la corporación municipal pidió a la UGT que nombrase una comisión para investigar la situación en que se encontraban los obreros e inspeccionar las fincas del término. A finales de mes, mientras las familias de los parados eran socorridas por el Ayuntamiento, los delegados del sindicato socialista inspeccionaron las fincas para ver qué faenas estaban pendientes y cuántos trabajadores se podían invertir en ellas. Los repartos de socorros cesaron el 2 de abril, coincidiendo con una visita del gobernador civil, Mariano Zapico Menéndez-Valdés, y parece que fue precisamente entonces cuando el Ayuntamiento empezó a enviar cuadrillas de jornaleros para trabajar en las fincas. Pero los agricultores comenzaron a rechazarlos y, el 11 de abril, Fabero propuso presionar al gobernador con una dimisión colectiva si no enviaba al pueblo un delegado con facultades para colocar a los parados. Ángel Almagro, por su parte, preocupado por el gremio de albañilería, en el que también se había generalizado el paro, propuso nombrar una comisión que inspeccionase las fincas urbanas y obligase a los propietarios a realizar las obras necesarias. El delegado gubernativo llegó el 22 de abril, pero el concejal Fabero continuaba quejándose en mayo porque algunos agricultores no pagaban los jornales a los obreros repartidos entre las fincas del término para realizar las faenas pendientes de ejecución.
La comisión gestora también propuso remediar el paro agrícola mediante el asentamiento de jornaleros en fincas de reforma agraria. En Prado del Rey no había latifundios en los que pudiera aplicarse la reforma agraria, pero lo que planteó el concejal comunista Ángel Almagro es que el IRA asentase a los campesinos del pueblo en fincas pertenecientes a otros términos municipales, pero muy cercanas al de Prado del Rey: eran siete latifundios de Arcos de la Frontera –La Breña, La Norieta, Albrajanejo, Las Posadas, El Juncoso, El Soto y Guadapero– y uno de Villamartín –Las Muñías–. Según los datos que manejaba el concejal, sumaban 2.800 hectáreas, de las que casi la mitad era propiedad del ubriqueño José Bohórquez Vegazo.

6. Julio de 1936: golpe militar y usurpación del gobierno municipal

Antonio Jiménez Benítez presentó la dimisión como alcalde el 11 de julio y la votación para la elección de su sucesor mostró la falta de un criterio unánime entre los miembros de la corporación. El candidato más votado, Hilario, sólo obtuvo el respaldo de cinco de los once asistentes en la primera votación y seis en la segunda. Quedó nombrado alcalde con carácter interino y adquirió la titularidad en una tercera votación, celebrada el 16, en la que recibió ocho votos de doce. La sesión acabó a las once y media de la noche y el último punto que se trató en ella, en el turno de ruegos y preguntas, fue una propuesta del concejal comunista Ángel Almagro referente a los daños que la colocación de «aparatos voladores» podía causar al arbolado de la Plaza de la República. Era la víspera de la velada, cuyo inicio la corporación municipal había decidido retrasar ese año al 17 de julio para que la celebración canónica de la Virgen del Carmen quedase fuera del programa festivo municipal.
Pero lo que en julio de 1936 estropeó la fiesta de todos los pradenses no fue ese tufillo anticlerical que desprendía la gente del Frente Popular, sino el golpe militar contra el Gobierno de la República. Sin teléfono ni telégrafo, lo único que se sabía de lo que estaba ocurriendo fuera del pueblo era lo que transmitía la radio. El día 18 se publicó un manifiesto, firmado por representantes del PSOE, UGT, PCE, Juventudes Unificadas y CNT, que llamaba al pueblo a defender las libertades democráticas. Temiendo que los vecinos de derecha pudieran apoyar a los golpistas, Hilario ordenó desarmarlos. Los guardias municipales, reforzados por militantes de las organizaciones del Frente Popular, registraron las viviendas del casco urbano, mientras otros grupos salían al campo para incautarse de las armas que hubiese en los ranchos y cortijos. Los que se resistieron a entregar las armas fueron amenazados, pero no hubo violencia física ni detenciones y, según José Mena, entre los días 18 y 19 de julio se recogieron más de doscientas escopetas. En principio las armas eran llevadas al ayuntamiento y allí se repartían entre los militantes del Frente Popular, pero el comandante de puesto de la Guardia Civil, el sargento Gaspar Ramírez Román, convenció al alcalde de la conveniencia, para evitar imprudencias, de que quedasen almacenadas en la casa consistorial. La noche del 18 también hubo un nuevo brote de violencia anticlerical. Se decía que fue una multitud la que participó en el asalto a la iglesia; esta vez no hubo fuego, pero rompieron las puertas y lo destrozaron todo con hachas, espiochas y otras herramientas: imágenes, retablos y los enseres del culto.
Durante esos dos días, la Guardia Civil estuvo acuartelada, sin comunicación con la cabecera de la compañía, que estaba en Villamartín, ni con la comandancia provincial. Pero la mañana del 20 llegó un vendedor ambulante con la noticia de que el puesto de Villamartín se había sublevado. El sargento Gaspar decidió entonces ponerse en contacto con el mando para saber qué estaba pasando. Dejó tres guardias en el puesto y se marchó a Villamartín en un coche turismo acompañado por Hilario, dos guardias y el juez municipal, Salvador García Becerra. José Fabero y algunos otros dirigentes de izquierda creyeron que era una imprudencia que el sargento fuese a Villamartín, donde podía recibir órdenes de los mandos sublevados, y trataron de impedirlo. Salieron detrás de ellos utilizando como transporte el camión que conducía Joaquín García Beltrán y en el que iban Fabero, Andrés Pichaco El Cano, Juan Nadales, el secretario del Ayuntamiento, Santiago Pérez y Fernández de Castro y el dirigente socialista sevillano Manuel Adame. El camión llegó hasta la entrada del Villamartín sin dar alcance al coche. Era un vehículo más pesado y además el chófer, que estaba afiliado a Falange, hizo todo lo que pudo para dejarlo escapar. Temiendo que el sargento volviese a Prado del Rey con refuerzos, uno de los ocupantes propuso continuar hasta Montellano y reclutar allí algunos hombres, pero el conductor se opuso alegando que el camión no estaba en condiciones para hacer ese viaje y regresaron a Prado del Rey.
Hilario, el sargento y los guardias regresaron por la tarde. Gaspar iba decidido a hacerse con el control de Prado del Rey para entregarlo a los golpistas. A las cuatro de la tarde los guardias leyeron en la plaza, en presencia del alcalde y de los concejales, el bando que declaraba el estado de guerra. Antonio Beltrán respondió dando un viva al comunismo libertario, pero los guardias cargaron los fusiles y el ruido de los cerrojos hizo que la multitud se disolviera. El bando daba un plazo de cuatro horas para entregar las armas que no hubiesen sido ya depositadas en el ayuntamiento y el secretario municipal hizo ademán de entregar su pistola, pero el sargento se la devolvió. Luego, acompañados por algunos concejales y sin encontrar resistencia, los guardias recorrieron el pueblo y colocaron copias del bando en distintos puntos. Todas las armas incautadas, incluidas las que estaban depositadas en el ayuntamiento, fueron llevadas al cuartel.
Eran las cuatro y media cuando el sargento reunió en salón de sesiones al alcalde y a los concejales y les comunicó que tenía «órdenes de la superioridad de hacerse cargo del Ayuntamiento previa disolución de la Corporación Municipal». Los invitó a hacerlo «como acatamiento a lo que demandan las actuales circunstancias» y ellos firmaron el acta de disolución. Según el concejal Antonio Jiménez Naranjo, los miembros de la corporación no tuvieron una postura unánime sobre si debían o no entregar el mando al sargento y quienes decidieron hacerlo fueron los de Izquierda Republicana, en contra del criterio de las minorías socialista y comunista, pero lo cierto es que la acta de disolución fue firmada por concejales de todos los grupos políticos. La expresión que el documento pone en boca del sargento para definir lo que los golpistas luego denominarían «Movimiento Salvador» o «Glorioso Movimiento Nacional» es acertada: se refiere a él como el «movimiento revolucionario iniciado en la nación». Y es que no era más que eso: un levantamiento armado contra la legalidad constituida. La diferencia con el de octubre es que éste era de signo conservador.

El día 21 algunos miembros de la disuelta Comisión Gestora decidieron hacerse cargo de nuevo del gobierno municipal e ingenuamente mandaron al cuartel al guardia José María Expósito El Gitano para que exigiese al sargento la devolución del mando. Se decía que fue por orden del concejal comunista Ángel Almagro. Pero Gaspar, que tenía en el cuartel la mayor parte de las armas que había en el pueblo, estaba en una posición ventajosa que le permitía mantener el control de la situación. La información radiada provocó ese día algunos alborotos, pero los guardias intervinieron y recogieron todos los receptores que había en el pueblo. La gente de izquierda empezó entonces a abandonar el casco urbano y en pocos días se fueron más de quinientos hombres y mujeres. Mientras tanto, el puesto de la Guardia Civil recibía refuerzos externos y los derechistas del pueblo se pusieron a las órdenes del comandante militar.
La usurpación del gobierno local se consumó el 25 de julio, en una sesión a la que fueron convocados ocho vecinos de derecha a quienes las nuevas autoridades rebeldes habían designado provisionalmente para suplantar a quienes legalmente debían gobernar. Entre ellos no pareció haber disensiones a la hora de elegir los cargos municipales y el designado para el puesto de alcalde fue Ildefonso Mena Rodríguez, un hijo del cacique José Mena Chacón a quien llamabanAlonso y que ya había sido gestor tras la revuelta de octubre. Un relevo generacional que mostraba claramente el nexo de la nueva derecha autoritaria con el republicanismo conservador del bienio radical-cedista y con la derecha monárquica prerrepublicana. La derecha de siempre, con distintos ropajes, sobreviviendo a los cambios de régimen. Entre los nuevos gestores municipales también estaba el farmacéutico y el ex juez municipal Ildefonso Rodríguez Mena. Abandonó Acción Republicana poco antes de que se integrase en Izquierda Republicana a principios de 1934 y el 1 de marzo de 1936 se afilió a Falange. Era primo de Alonso Mena, pero las relaciones entre ambos no eran buenas y la tensión estalló en la primavera de 1937, cuandoAlonso se quedó solo frente al resto de los gestores que, encabezados por su primo, denunciaron que tomaba las decisiones de gobierno sin contar con ellos y que había permitido que una persona ajena la corporación –se referían a su padre, José Mena– iniciase su «cacicato local» poco después del 18 de julio.

7. El asesinato de Hilario Gutiérrez

Los guardias civiles y falangistas comenzaron a batir el término municipal y a detener a los izquierdistas huidos a finales de la primera decena de agosto de 1936. Eso hizo que centenar y medio de pradenses se desplazasen hacia Grazalema, Ronda y los pueblos de la serranía malagueña. La brutal represión política que, al amparo del bando de guerra, desencadenaron los golpistas contra quienes consideraban sus adversarios causó al menos 54 víctimas mortales durante los últimos meses de 1936 y 18 más durante los primeros de 1937. Hilario Gutiérrez fue una de ellas. De los miembros de la corporación municipal que él presidía también fueron asesinados José Pichaco Blanco y José Menacho Ríos. Otros cinco escaparon hacia la zona republicana antes de que los capturasen: José Fabero, Antonio Jiménez Benítez, Ángel Almagro Jácome, José Mesa Tirado y José Poley Hinojo. También hubo algunos concejales de IR que sobrevivieron a la represión porque hubo derechistas del pueblo que los protegieron. Ése fue el caso de Tomás Chacón Casillas, José Pérez Saborido Naranjito y Antonio Jiménez NaranjoJimenito. Los dos últimos se marcharon a Sevilla con salvoconductos que les proporcionaron el alcalde y la Guardia Civil.
Hilario también tuvo protectores. Estuvo unos diez días escondido fuera del pueblo, hasta que sus amigos de derecha lo hicieron regresar «rodeado de una aureola que lo presentaba como redentor del pueblo de Prado del Rey». La expresión se refería al hecho de que la entrega pacífica del gobierno municipal y del armamento requisado desde el 18 de julio impidió que hubiese resistencia contra los golpistas y víctimas de derecha en el pueblo. También protegieron a su hijo Joaquín Gutiérrez Siret, que llevaba cerca de quince años viviendo en Lebrija (Sevilla) y había regresado huyendo de la represión que también se desató en aquélla localidad. Pero los dos terminaron siendo asesinados. Joaquín fue reclamado por la Falange de Lebrija a finales de agosto, salió de Prado del Rey con un salvoconducto, pero fue detenido en Jerez de la Frontera, conducido a Lebrija y fusilado. Hilario estaba en su domicilio, con su amigo Francisco Rodríguez Vega, cuando fue detenido a las once y media de la noche del 1 de septiembre por orden de Fernando Zamacola Abrisqueta, que se hizo cargo de él. Fernando Zamacola era un falangista sin escrúpulos que durante el mes de agosto estuvo destacado con la centuria Leones de Rota en Benamahoma, donde protagonizó una brutal represión, y que adquirió cierta notoriedad entre los rebeldes por su intervención en la conquista de Grazalema, en la que también cooperaron falangistas de Prado del Rey. ¿Qué interés tenía Zamacola, que procedía de El Puerto de Santa María, en el alcalde republicano de Prado del Rey? Estoy convencido de que sólo fue el brazo ejecutor, el medio del que se valieron los enemigos políticos de Hilario para eliminarlo puenteando a autoridades locales, como el alcalde o el jefe de Falange, que eran quienes estaban protegiendo a alguna gente de Izquierda Republicana. Por los sicarios de Zamacola también fue eliminado en Benamahoma a finales de agosto un grupo de cinco hombres entre quienes se encontraban el concejal José Menacho Ríos y el campesino Manuel Mena Borrego El Conejo, que fueron bárbaramente torturados antes del asesinato.

8. ¿Quienes fueron sus encubridores?

Ildefonso Rodríguez Mena salió de la comisión gestora municipal en mayo de 1937 y su primoAlonso Mena en junio, pero el enfrentamiento entre las dos fracciones de la derecha continuó abierto y a finales de año lo llevaron al terreno de la justicia militar. El 24 de diciembre Ildefonso Rodríguez redactó seis denuncias, que fueron suscritas por otros quince vecinos, entre quienes se encontraban dos gestores que dimitieron en primavera por disconformidad con Alonso Mena, algunos falangistas que se habían señalado como represores durante el verano de 1936 y otros que estaban descontentos con la gestión municipal, ambicionaban el poder político o estaban convencidos de que no se había cumplido con celo la misión de desinfectar la patria de la canalla marxista. Denunciaron a los tres concejales de IR que sobrevivieron a la carnicería del verano de 1936, a Francisco Payán Cabezuelo Don Emilio, ex empleado municipal que también perteneció a IR, y al socialista José Jiménez Córdoba, que fue uno de los procesados por la revuelta de octubre. Una de las denuncias se refería a Juan Martín Gutiérrez, que durante el verano de 1936 estuvo protegido por su hermano, el ex jefe de Falange Francisco Martín, y se marchó a Argentina antes de acabar el año. Pero a donde realmente apuntaban las denuncias no era a ellos, sino a quienes los habían protegido.

En otra de las denuncias no constaba ningún izquierdista que se hubiese librado de la represión y a quien se pudiera considerar merecedor de una sanción, sino dos que fueron asesinados en 1936: Hilario Gutiérrez y su hijo Joaquín. Ambos contaron con cierta protección hasta que Fernando Zamacola detuvo al primero y la Falange de Lebrija reclamó al segundo. «¿Quiénes fueron los encubridores del Hilario Gutiérrez y de su hijo Joaquín?», se preguntaban los denunciantes. La misma denuncia también puso en tela de juicio el patriotismo de los representantes políticos locales y de los empleados municipales:
No acertamos a explicarnos el porqué de la política mantenida en esta villa, pues a pesar de las disposiciones dimanantes del Gobierno Nacional encaminadas a separar de sus cargos oficiales a todos aquellos que hubieran pertenecido al Frente Popular, o que hubieran simpatizado con él, aquí nos encontramos con funcionarios mantenidos en sus puestos y políticos que ostentan altos cargos locales, los que si no pertenecieron al Frente Popular, sí frecuentaron centros de éste, fueron socios de los mismos, y desempeñaron comisiones municipales, habiendo todos brillado por sus respectivas ausencias en los primeros momentos, días, y aún meses, después de iniciado el movimiento nacional.
El texto continuaba poniendo en entredicho la conducta del ya fallecido sargento Gaspar Ramírez Román y, como ejemplo, citaba dos hechos que consideraba censurables. Primero, que dispensó a Santiago Pérez y Fernández de Castro de entregar su pistola cuando el 20 de julio se proclamó el bando de guerra. Y, en segundo lugar, que «se insolentó» con unos jóvenes falangistas que arrancaron los carteles con los nombres que el Frente Popular impuso a las calles. ¿A dónde se estaba apuntando si Gaspar había fallecido a principios de 1937? En septiembre de 1936 la comisión gestora que presidía Alonso Mena distinguió a aquel sargento de conducta tan censurable poniendo su nombre a una vía pública y los firmantes del documento se preguntaban si ésa era una «política sana». Lo que no se decía, naturalmente, es que tres de los firmantes fueron miembros de la gestora que aprobó bautizar la calle con el nombre del sargento.

En Prado del Rey no se personó ningún juzgado militar para poner orden en el Ayuntamiento ni para investigar quiénes eran los empleados municipales que simpatizaron con el Frente Popular y los políticos locales que protegieron a los de Izquierda Republicana. Los Servicios de Justicia de Cádiz no entendieron, o no quisieron entender, que a quien se estaba denunciando era a los «políticos de derecha» y, en lugar de mantener unidas las seis denuncias y entregarlas a un solo juez instructor con la misión explícita de investigar a quienes ostentaban «altos cargos locales», lo que se hizo fue dispersarlas repartiéndolas entre tres jueces. La que preguntaba quiénes protegieron al alcalde y a su hijo y que insinuaba que en el Ayuntamiento había gente de izquierda se encomendó al capitán Francisco Alonso Moya. Pero en vez de investigar quiénes protegieron a Hilario y a Joaquín, lo que se hizo fue encausarlos a ellos. El instructor solicitó a los ayuntamientos de Prado del Rey y de Lebrija y a la Falange de ambas localidades los informes rutinarios sobre su conducta. El jefe local de Prado del Rey, Francisco González de Quevedo, despachó en pocas y parciales líneas la trayectoria del ex alcalde:
En cuanto al Hilario Gutiérrez García no hay duda alguna que su conducta fue pésima, siendo uno de los principales elementos revolucionarios de esta villa y de más manifiesta perversidad, habiendo estado encarcelado, durante la nefasta República, por sus actividades excesivamente revolucionarias. Perteneció al Frente Popular y fue alcalde en los meses que antecedieron al Glorioso Alzamiento Nacional. Abrumado por el peso de sus culpas no ofreció resistencia en aquellos días en que hubo de entregar el mando. Mas tarde, desapareció.
Todos sabían que lo habían fusilado y en la rectificación del padrón de la población de diciembre de 1936 le habían dado de baja como «desaparecido o presunto fallecido», pero su fallecimiento no constaba a efectos legales porque no se había inscrito en el Registro Civil, como tampoco lo estaba ninguno de los pradenses que fueron asesinados entre agosto de 1936 y febrero de 1937. El 25 de abril de 1938, el juez instructor solicitó al comandante de puesto que lo detuviese y la respuesta fue que Hilario «desapareció de esta localidad al poco de iniciarse el glorioso movimiento salvador de la Patria, ignorándose su actual paradero, por cuyas causas no se ha podido efectuar la detención que del mismo se ordena». Y tampoco tuvo ningún efecto, como cabía esperar, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de una requisitoria que concedía a Hilario diez días de plazo para comparecer ante el Juzgado Militar nº 6. El 15 de junio el Consejo de Guerra dispuso que se siguiese el procedimiento ordinario contra reos ausentes y eso dio pie a la apertura de un nuevo procedimiento cuyo instructor, el comandante Nicolás Chacón Manrique de Lara, solicitó su búsqueda, captura y detención a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz y a la Delegación de Orden Público, que fue el organismo que controló la represión del verano de 1936. Esta vez, la respuesta de ambos fue inequívoca: «falleció en Jerez de la Frontera, de esta provincia, en los primeros días del mes de septiembre de 1936, a consecuencia del Movimiento Nacional».

Bibliografía
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FERNANDO ROMERO ROMERO, «Una biblioteca con libros de revolucionarios y de herejes. La Sociedad “La Cultura” de Prado del Rey (1917-1936)», en Cuadernos para el Diálogo, nº 56, 2011.

FERNANDO ROMERO ROMERO, «Fernando Zamacola: un héroe gaditano de la Guerra Civil: Héroes y villanos en la Historia. Cádiz, Asociación Cultural y Universitaria Ubi Sunt?, 2011, pp. 203-222.

FERNANDO SÍGLER SILVERA, , Los proyectos de Reforma Agraria en la Segunda República en la provincia de Cádiz. Repercusiones políticas y sociales. Madrid, UNED, Tesis Doctoral Inédita, 1995.

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