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23 mar. 2013

MICROBIOGRAFIA



 Francisco Rodríguez González
Autor:  Fernando Romero Romero 
Francisco Rodríguez González, a quien apodaban Frasco el Jerezano, nació en Bornos (Cádiz) el 15 de febrero de 1894 y, como la mayor parte de los bornichos de su tiempo, se ganaba la vida como jornalero. Estaba afiliado al sindicato CNT, en el que llegó a ocupar el puesto de presidente, y fue uno de los organizadores del Partido Sindicalista. También fue uno de los dos representantes del partido de Ángel Pestaña en la Comisión Gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones legislativas de febrero de 1936.

El 19 de julio, conocida ya la sublevación contra el Gobierno de la República, estuvo reunido en el ayuntamiento con el alcalde socialista, Antonio Garrido Jiménez, los demás concejales y algunos dirigentes de las organizaciones del Frente Popular. Quisieron organizar una columna de obreros para auxiliar a las autoridades de la capital de la provincia, pero el jefe de línea de la Guardia Civil, el alférez Francisco Gavira Parra, se negó a entregarles las armas que había en el cuartel, les prohibió requisar vehículos y sacó a los guardias a la calle para declarar el estado de guerra. Francisco fue uno de los primeros izquierdistas que se evadieron de Bornos durante el verano de 1936. Lo hizo el 20 de julio, el mismo día que el alférez se personó en la casa consistorial para destituir a la corporación municipal y sustituirla por otra a medida de los golpistas.
Francisco dejó atrás a su compañera, María Andrades Domínguez, y a cinco chiquillos. La menor, María, había nacido el 9 de enero de ese año. No sabemos qué habría sido de él si hubiese optado por quedarse en el pueblo, pero podría haber tenido el mismo desdichado final que la mayoría de los miembros de la corporación que tomaron esa decisión: fueron asesinados diez de los trece concejales que permanecieron en Bornos. Y la represión no solo afectó a sus compañeros de la corporación municipal, del partido y del sindicato. También fue asesinado su propio hermano, José el Jerezano, un obrero agrícola que trabajó de vigilante de arbitrios durante el mandato del Frente Popular.
Frasco se dirigió hacia La Sauceda, Jimena de la Frontera y Manilva. En Málaga estuvo alojado como refugiado en la iglesia de San Juan y se marchó a Almería antes de que la ciudad fuese ocupada por el ejército rebelde. Con más de cuarenta años cumplidos, no tuvo que hacer servicios de armas durante los tres años que duró la guerra. Sabemos que trabajó en las obras de una carretera en las proximidades de Gualchos (Granada), que durante unos ocho meses fue ayudante de cocina de un regimiento de caballería en Marmolejo (Jaén) y que luego se dedicó a faenas agrícolas en Higuera de Arjona.
Regresó a Bornos pocos días después de terminar la guerra, el 10 de abril de 1939, y pasó varios meses preso en la cárcel municipal. A principios de octubre cayó enfermo con una fiebre infecciosa y el médico Juan de la Cruz recomendó que fuese trasladado a otro local con mejores condiciones higiénicas. El presidente del Consejo de Guerra de Cádiz –a cuya disposición estaba detenido– dio autorización para que lo llevasen al hospital provincial, pero el gobernador civil replicó que no era posible hacerlo porque no había ambulancia ni efectivos de la Guardia Civil para custodiarlo durante el traslado. Lo que hicieron fue enviarlo el 20 de noviembre al castillo de Sanlúcar de Barrameda con los demás presos políticos que había en la cárcel de Bornos.

A Frasco, como a los demás huidos que regresaron al terminar la guerra, se le instruyó un procedimiento sumarísimo por rebelión militar. Acusarlo de rebelión propiamente no era fácil, porque ni había participado en el conato de resistencia que hubo en el pueblo ni tampoco se incorporó como combatiente a las milicias ni al ejército republicano. Pero para gente como él, que no habían tomado las armas, pero sí fueron políticamente muy activos antes del golpe, la desquiciada justicia militar franquista reservaba la figura penal de la excitación a la rebelión.
Las declaraciones e informes que sobre su conducta reunió el instructor del sumario, el alférez de infantería Esteban Matía Cuesta, lo presentaban como un propagandista incansable de sus ideas. El jefe de arbitrios, Vicente Moreno Pérez, decía que era «de malos instintos» y lo acusó de coaccionar a los votantes de derechas en las elecciones de febrero de 1936:
[…] hacía una propaganda por medios violentos dándose el caso de que cuando una persona acreditada de derecha se proponía votar conforme a su ideario el inculpado se dirigía de forma poco cortés arrebatándole la papeleta que llevaba y diciéndole qué era la que debía llevar.
Una acusación a la que no es fácil dar crédito, pues lo que nos dice la prensa de la época es que fue el alcalde de derechas, del Partido Radical, quien aprovechó su posición de poder para obstaculizar la campaña del Frente Popular. El guardia municipal José Ortiz Moreno, cuyo activo papel en la represión del verano de 1936 era bien conocido por todo Bornos, también embistió contra Frasco. La Comisión Gestora del Frente Popular lo había separado del servicio por cuestiones políticas y, cuando fue a reclamar que lo readmitiesen, el Jerezano dijo que «en vez de atenderlo lo que había es que sentarlo en un sillón eléctrico y apretar el botón hasta terminar con la canalla fascista». Muy distinto era el talante que le atribuían los informes municipales que firmaron el alcalde, Francisco Muñoz Ruiz, y el gestor Cayetano Delgado Díaz. Muñoz informó de que «siempre se distinguió por su actuación extremista, ideológica, pero no consta que llevara a cabo actos de violencia, observando, por el contrario, una vida de ciudadano pacífico». Y Cayetano Delgado dijo que «en su vida particular como ciudadano, aparte de las ideas, parecía hombre tranquilo y de tonos moderados».
El consejo de guerra se celebró en Sanlúcar el 27 de enero de 1940. El fiscal solicitó pena de muerte por delito de adhesión a la rebelión militar, pero el tribunal no consideró probado que hubiese tomado parte en el intento de organizar la resistencia contra el golpe y solo tuvo en cuenta su actividad política anterior para condenarlo a seis años y un día de prisión por excitación a la rebelión militar. Cuando se dictó la sentencia ya llevaba cerca de nueve meses en prisión preventiva y debía continuar encarcelado hasta el 8 de abril de 1945.
De la precaria situación en que había quedado la familia de Frasco por su ausencia –primero huido y luego encarcelado– da cuenta el informe que remitió el Ayuntamiento al juez instructor provincial de Responsabilidades Políticas en febrero de 1941:
[…] los únicos bienes que se conocen como de la pertenencia del inculpado Francisco Rodríguez González son una pequeña casa situada en la calle Corrales de esta villa nº 24, cuyo valor es el de 560 pesetas y la habitan la familia de dicho sujeto.
Las cargas familiares legalmente obligado a sostener por dicho inculpado consistían en la mantención de su esposa María Andrades Domínguez y la de sus hijos Emilia Rodríguez Andrades, que en 1936 contaba 15 años, José de 14, Francisco de 13, Antonio de 4 y María de un año.
Esta familia que carece de bienes se sostiene con lo que la madre y tres hermanos mayores ganan en las faenas agrícolas cuando hay trabajo, y muchas veces del socorro que reciben de los comedores de Auxilio Social.
Este informe se redactó mientras Frasco cumplía la condena en la prisión provincial de Cádiz, en la que estuvo desde el 8 de febrero de 1940 hasta que el 24 de marzo de 1941 lo trasladaron a El Puerto de Santa María. En El Puerto le dieron un destino como ordenanza de funcionarios y fue allí donde se tramitó su expediente de libertad condicional. La ley de 1 de abril de ese año –segundo aniversario de la «Victoria»– abrió la puerta de la condicional para los presos políticos que habían sido condenados a penas de hasta doce años por delito de rebelión. El expediente de Frasco se tramitó con celeridad, las autoridades locales no pusieron ningún impedimento para que regresase al pueblo y lo excarcelaron el 9 de julio.

En su expediente penitenciario consta que desde que salió de la cárcel de El Puerto de Santa María remitió al director del centro penitenciario veinte cartas mensuales, visadas por el alcalde, en las que daba cuenta de a qué se dedicaba. Continuó haciendo lo que siempre había hecho: trabajar en el campo cuando había faena. En una de las primeras cartas, la de 31 de agosto de 1941, decía que estaba trabajando en el cortijo La Laguna, donde ganaba un jornal de 8,50 pesetas y que no ahorraba nada. En las de septiembre y octubre, dos meses en los que solía haber poca labor en el campo, informaba de que estaba parado. La condición de liberado condicional le puso las cosas difíciles para encontrar ocupación esos dos meses, porque el término municipal de Bornos es reducido y necesitaba autorización del centro penitenciario para desplazarse fuera del pueblo. El Ayuntamiento solicitó el permiso para que pudiera trabajar en los términos de Villamartín, Espera, Arcos y Jerez de la Frontera, pero no hubo respuesta. Para volver a trabajar –a destajo, con toda la familia– tuvo que esperar a que comenzase la campaña de recolección de la aceituna en noviembre.

Fernando Romero Romero


Bibliografía

F. ROMERO ROMERO: Días de barbarie. Guerra Civil y represión en Bornos. Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, 2013.


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